Vendrán tiempos mejores.

Por: JOSA DARIO RAMIREZ MORENO 

Con motivo de las elecciones que se avecinan el próximo año para elegir ediles, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores, he percibido el fluyente plebiscito de ciudadanos de bien, que desprendidos de toda beligerancia política, cuyo complejo de motivación está exento del potencial odio ancestral que nutre las empresas de partido, que no tienen intereses sino convicciones y por eso se sienten convocados ante la posibilidad de que quienes resulten elegidos  en esos cargos, garanticen un gobierno tutelar que de verdad ampare la existencia laboriosa y honesta de aquellos que la han ejercido con intachable fervor.

En cada pueblo yace latente un ritmo interior que cuando las normas que rigen los procesos colectivos tienden a desarticularse, el espíritu colectivo reacciona e impide que los artificios se impongan y es en ese momento en que se presenta el resurgimiento. Infortunadamente ese genio íntimo del pueblo se mantiene muy oculto bajo la espesura de los acontecimientos, su voz es silenciosa, solo audible para algunos hombres, pero que incluso ellos en su afán de acertar se han equivocado de buena fe. Yo que no poseo ese don, creo con relativo optimismo, que en el Tolima están dadas las condiciones para entrar en el amanecer de una época en la que se podrán  superar los intereses creados y los viejos odios partidistas, en procura de garantizarle a nuestra región un destino más prospero. Es el momento de convertir los ismos del pasado en un solo continente, congregando a las distintas  fuerzas sociales en un solo impulso filial. Es el momento de tender puentes antes que seguir cavando fosos de aislamientos. Cuando el virus de la desintegración se apodera de la gente, debe surgir el instinto de equilibrio social que nos oriente en el camino hacia la unidad regional.     

No podemos permitir que continúe, como viene ocurriendo en algunas de las actuales administraciones, que una burocracia inepta y saciada se haya dedicado impunemente, a limpiar en el pañuelo de sus bolsillos hasta la última gota de sudor de quienes con mucho esfuerzo cumplimos nuestras obligaciones con la administración de impuestos. El abuso, el desorden, el despilfarro. Es el resultado de la gestión en un alto porcentaje del gobierno regional y son en estos lugares precisamente, en donde más se evidencia el virus de la facción que tanto daño hace al destino promisorio de nuestra región. No mas artimañas ni engaños, en la consulta a la voluntad popular, debe ser la gente  quien espontanea y enérgicamente se pronuncie como resultado de un estado de conciencia colectivo, responsable e irrevocable, ajeno a las maquinarias políticas.

No son pocos los argumentos que tenemos contra estas administraciones, pero entendemos que no podemos utilizar un vocabulario contagiado de rescoldos apasionados, cuando lo que nos incita es un escenario de unidad. Por eso aunque parezcan ciegos, sordos y mudos al clamor regional, nuestra empresa es dirigirnos a ellos empleando un acento conciliador. Sabemos que somos nosotros los que debemos adquirir la virtud del convencimiento, utilizando un idioma en el que todos entiendan las bondades de hacer del Tolima un continente humano que le devuelva su histórico sitial en el plano nacional.  

Quienes con inmensa generosidad consideran que he hecho meritos suficientes para que mi nombre sea tenido en cuenta en el momento de elegirse a la persona que irá a dirigir los destino de nuestro departamento en el próximo cuatrienio, saben muy bien que el único animo que me mueve en ese propósito, es el cumplimiento de un deber patriótico con los tolimenses que no me permite permanecer inmóvil mientras tanto riesgo y contingencias rodean el futuro promisorio de nuestro departamento, que es la herencia vinculada de sucesivas generaciones construida con afecto y sufrimiento por quienes nos la legaron. Esto siempre que se den las circunstancias que nos permitan participar en condiciones de igualdad,   en donde se acoja como instrumento para la selección de los candidatos un sistema de meritocracia,  en el que se tenga en cuenta la formación intelectual, la experiencia en el servicio público además de una serie de valores asociados a la capacidad individual, moral y espiritual de quienes aspiren, y de paso contribuir así con el fortalecimiento de nuestra incipiente democracia.

Una asamblea constituyente para reformar la justicia.

La idea de algunos distinguidos académicos encabezados por el constitucionalista Juan Manuel Charry, de reformar la justicia a través de una constituyente, se ha visto torpedeada, al parecer, por quienes pretenden utilizar la exasperada necesidad de reformar la justicia, para intentar por esta vía tramitar la reelección del ex presidente Uribe, lo que obviamente crea alrededor del tema mucha suspicacia, en perjuicio desde luego, de una propuesta que ha contado con una amplia acogida en aquellos sectores donde desde tiempo atrás se ha  venido analizando el tema en forma objetiva y juiciosa.

No nos cabe ninguna duda respecto de que la justicia en nuestro país está sufriendo la peor crisis de su historia. El choque de trenes entre las distintas cortes, con motivo de las tutelas contra sentencias judiciales, que a juicio de muchos, fue lo que dio lugar a la confrontación entre la Sala Penal de la Corte Suprema y la Presidencia de la Republica, la poca, por no decir ninguna diligencia para lograr un acuerdo que permita la elección de Fiscal General después de más de un año de haber cumplido el periodo Mario Iguarán y de haberse presentado ya una tercera terna, aspirando a que por fin la Corte ahora si se digne elegir. Aún cuando no sería raro que termináramos el año sin conocer el nombre del Fiscal en propiedad. Esto  porque los intereses que se mueven al interior de  las altas cortes son tan disconformes, al punto que cada elección de un nuevo miembro de la respectiva corporación, se convierte en una estratagema orientada a proteger el estatu quo de cualquier amenaza que ponga en riesgo su prevalencia. No es casualidad  que la Corte Suprema no haya logrado nombrar presidente en propiedad y sean varias las vacantes que no han podido cubrir por las mismas razones. Poco se puede decir en defensa del Consejo Superior de la Judicatura, a veces injustamente cuestionado, pero que cada vez se enreda más en la maraña de la politización, esto sumado a los problemas crónicos de la administración de justicia, como la congestión, la impunidad, la falta de recursos y la inmoralidad,  nos lleva a concluir que la prioridad hoy en nuestro país  es la reforma a la justicia.

La administración anterior había identificado la inminente necesidad de avocar el estudio de la reforma y por esta razón no fueron pocos los intentos realizados en procura de este propósito, entre los más importantes podemos destacar la aprobación del acto legislativo 3 de 2002 que dio origen al sistema penal acusatorio, que dicho sea de paso, requiere ya de una evaluación, para determinar si con la implementación del mismo se superaron o no las deficiencias del anterior sistema. En el 2008 se propuso otro proyecto de reforma, en el cual se pretendía revivir el sistema de cooptación para los magistrados de las altas cortes, se incrementaba la edad mínima para ser magistrado de las mismas y se eliminaba el Consejo Superior de la Judicatura, esas entre otras iniciativas contemplaba el proyecto que como era de esperarse, fracasó.

El Presidente Juan Manuel Santos que dentro de su agenda de gobierno tiene como prioridad fundamental la reforma a la justicia, había presentado recién iniciado su mandato, un borrador de proyecto de acto legislativo, que infortunadamente fue rápidamente retirado, presuntamente  porque el mismo no había sido discutido con los magistrados de las altas cortes, y esto podría entorpecer el propósito del gobierno de recomponer las maltrechas relaciones heredadas de la pasada administración. Dentro de las principales propuestas se incluían las siguientes: Suprimir el Consejo Superior de la Judicatura y en su lugar crear el Consejo Superior Judicial, dirigido por una sala de gobierno conformada por los presidentes de las tres cortes  y cuatro delegados judiciales, entre ellos un representante de los jueces y magistrados (una conformación indudablemente más participativa), que junto con un gerente de la rama judicial, serán los encargados de las funciones administrativas del sector; para evitar el denominado ¨choque de trenes¨, se planteó que las tutelas contra sentencias de las altas cortes se tramiten ante la Sala Plena de la Corte Suprema o en el Consejo de Estado, según el caso y las decisiones allí tomadas, podrían ser revisadas por la Sala Plena de la Corte Constitucional; en procura de una mayor estabilidad jurídica, se propuso la adopción de los precedentes judiciales como fuente obligatoria de Derecho  y se crearía el control constitucional previo para los proyectos de ley de naturaleza penal, tributaria y económica; se duplica la experiencia requerida para quienes aspiren a magistrados de la Corte Constitucional y se amplía el periodo para los magistrados de las altas cortes a doce años,  y las edad de retiro forzoso a 70 años; igualmente se plantea el concurso para la elección de Magistrado de la Corte Suprema y del Consejo de estado (lo que constituiría un importante avance hacia la meritocracia); se crea la segunda instancia para las investigaciones y juzgamiento de los funcionarios con fuero (principio universal ignorado hoy por nuestro ordenamiento jurídico, respecto de los aforados), al dividirse la Sala Penal de la Corte Suprema en tres secciones, una para investigar, otra para juzgar y una tercera sería la segunda instancia;  se eliminaría  la competencia de las altas cortes en la nominación de candidatos a Contralor General de la Republica y de Procurador General de la Nación (seria más sano si se  incluyera en la propuesta la eliminación de la competencia de la Corte Suprema para elegir Fiscal General de la Nación).

La experiencia de los últimos intentos para reformar la justicia, nos lleva a concluir que con la anuencia de quienes ven amenazados sus privilegios no es posible una reforma como la que se requiere, se equivoca el Gobierno si cree que conformando una comisión con los miembros de las altas cortes ésta sea factible, que quienes gozan actualmente de incontrastables prerrogativas vayan a renunciar espontáneamente  a ellas, es por lo menos ingenuo, y pensar siquiera en tramitarla en el actual congreso es todavía más incauto, luego no queda otro camino que la Asamblea Constituyente que si bien no es garantía absoluta de seguridad, su indiscutible legitimidad política justifica tomar ese riesgo. Por mi parte me declaro soldado raso de la causa. Por una Constituyente para reformar la justicia.

De Bolívar a Uribe.

A propósito del calificativo del presidente Santos en su discurso de posesión llamando “segundo libertador” a Álvaro Uribe, nos lleva a pensar en si la comparación no pasa de  ser un generoso gesto de gratitud o si en realidad el Señor Presidente con visión premonitoria alcanza a intuir que al igual que a Bolívar, será la historia la que le reconocerá a Uribe la transcendencia  de su obra como para equipararla a la de nuestro primer libertador. Será que el presidente Santos honestamente considera que con Uribe igual que ocurrió con  Bolívar en su momento,  hoy somos testigos de excepción de una “alborada histórica”,  un ciclo colososal de nuestro amorfo país que salió de su oscuro destino y se encaminó  hacia la plenitud jurídica del verdadero Estado Social de Derecho.

Es Uribe a los ojos del presidente Santos, como lo fue Bolívar, ese estratega peculiar, que más que por cosechar éxitos en el campo militar y si por la influencia de su arrolladora personalidad, moldura donde se incorporó el imponente valle de Aragua y de fondo un paisaje de llaneros, con quienes Bolívar adquirió el don de mando, la noción de disciplina, el respeto a la jerarquía y a la autoridad que contribuyeron a esculpir el temperamento Bolivariano;  En el caso de Álvaro Uribe tendríamos que decir que a ese carácter habría que  incorporarle como telón de fondo, las  escarpadas y a veces agrestes montañas de su natal Antioquia, allí donde seguramente rodeado de arrieros y de la manada adquirió la costumbre de mandar como “mayoral” hasta convertirse en el gobernador del clan que aventaja a los demás en virtudes y fortaleza, gobernando con sentimiento patriarcal y con una férrea voluntad de mando

Podríamos afirmar que de la misma forma que el afecto de Bolívar por el llano influyó decisivamente en la dimensión anímica del héroe,  igual pudo ocurrir con Uribe respecto de las empinada y escarpada cordillera que lo vio nacer y que seguramente lo predispuso cual alpinista, a exigirse más allá del límite para alcanzar la cima.

Al cabo de ya casi dos siglos se destaca por su don oracular, su capacidad premonitoria y su sentido singular para leer el futuro. Lo que para Bolívar era la republica posible, adecuada a la edad y a la idiosincrasia de su gente, que requería de un poder cohesivo y de una libertad regulada que garantizara el continuo fortalecimiento de la incipiente institucionalidad, para Uribe lo podría ser el concepto de Estado Social de Derecho que apenas se está implementando y que aún  se encuentra en formación, razón por la que se hace imperativo mantener la unidad de propósitos en procura de enfrentar las distintas formas de violencia que amenazan los avances hacia la consolidación de ese Estado moderno  capaz de garantizarnos el ejercicio de nuestros derechos y de exigirnos el cumplimiento de nuestros deberes.

El logro más importante alcanzado por Uribe y que en el caso de Bolívar fue vital para el cumplimiento de su gesta libertadora, es el haber logrado una sintonía con la voluntad popular. Para  el libertador, el Gobernante debía adaptarse a la naturaleza del pueblo e interpretar sus constantes sociales,  en tanto cada nación tiene su propio temperamento que la hace distinta a las otras y esa particularidad  debe reflejarse en sus instituciones que estimulan y gratifican  el esfuerzo que hacen vital a un país, y como bien lo señalaba: “La excelencia de un gobierno no reside en su teoría, ni en su mecanismo, sino en ser compatible con el alma profunda de la colectividad”. El mayor aporte del gobierno de Uribe al Estado Social de Derecho en formación, no fueron sus éxitos en el campo militar sino el  haber  logrado una sintonía  entre el gobernante y el pueblo que no tenía antecedentes. Si el presidente Santos le quiere hacer un  reconocimiento  a su antecesor sería continuando en esa ruta y ampliando  esa sintonía.